SOS arte y burocracia

La burocracia, decía Hannah Arendt, es una de las herramientas democráticas por excelencia. En las convocatorias, instancias, licitaciones, intervenciones, hay que recordar siempre, por miedo que hagan, que están pensadas para que todo el mundo tenga acceso a los recursos con los mismos derechos, independientemente de la clase, género o raza. Ahora bien: la burocracia mal entendida, utilizada sistemática y uniformemente, que no tiene en cuenta las particularidades y fragilidades de cada sector donde se implementa, puede convertirse en un problema democrático, un limitador de derechos fundamentales. Y la cultura y las artes, mientras una ola de extrema derecha no las barren, todavía lo son.

En los últimos años los libres profesionales de las artes del país (artistas, comisarios, directores de arte, críticos, galeristas), estamos sufriendo los efectos de una nueva ola de reformas burocráticas surgida en gran parte de la interpretación de la Ley de Contrataciones del 2017. A muchos municipios gudas; previsión de contenido no remunerado; justificación de datos personales; darse de alta en portales obsoletos; en algunos casos extremos recientes, la misma burocracia requerida imposibilita la ejecución temporal y material del mismo trabajo artístico pedido, entrando en una deriva kafkiana inenarrable.

En los casos más complejos la cosa escala a límites insospechados: en pujas de contratos de dirección artística (lo vimos en el último en La Capella) se pide a quien es candidato un seguro personal de garantía de solvencia económica, como si fuéramos grandes empresarios o tenedores. Se ofrecen contratos de dirección limitados a 2 años (caso Fabra y Coats recorrido por la PAV). Justificación compulsada de todo lo que se anuncia. Y así un largo etcétera, que desespera a los profesionales y técnicos de la cultura, con un nuevo fenómeno agravante: está desalentando a profesionales a postularse; se están posponiendo producciones; se está empobreciendo y limitando la libre expresión artística y cultural de artistas, directores y comisarios.

Todos los abogados consultados nos reafirman que ninguna ley obliga a este frenesí de topes y requisitos burocráticos, sino que en la mayoría de los casos se trata de interpretaciones de la ley 09/2017, con instrucciones venidas "desde arriba" de las administraciones; de un “arriba” que está tan “arriba” que es del todo inaccesible, a quien todo el mundo teme y con quien no se puede dialogar para encontrar un entendimiento y promover una actitud empática y comprensiva hacia la fragilidad estructural de nuestro sector. Decisiones que provienen, nos dicen, de las intervenciones que anidan en los despachos altos de los entes públicos, y que dictan instrucciones y protocolos a las que todos debemos ceñirnos, a fin de tener la tranquilidad de alma que todo el sistema funcione de manera impoluta y supervisable.

La filósofa y todavía directora del Bòlit Íngrid Guardiola en su ensayo La servidumbre de los protocolos, habla de este fenómeno como de una “fetichización sesgada de la ley”, impulsada por unas premisas que buscan la consecución de expedientes inmaculados controlables, como si fueran un dogma religioso incueso. Todo debe estar previsto, supervisado, demostrado, radiografiado, compulsado y contrastado. Pero esta rigidez "tecno burocrática" entra en absoluta contradicción con la naturaleza de las artes: las que trabajan desde la incertidumbre, la duda, la experimentación, el cambio, la libertad de creación. A esta naturaleza la ley bien que sí debe poder adaptarse para hacerlo posible tal y como se desprende la constitución, que entiende “la promoción y tutela de la cultura” como un derecho fundamental. ¿Cómo un artista puede prever con dos años de antelación qué pieza va a producir, con qué materiales, con qué proveedores, con qué caracoles y de qué marca? ¿Cómo puede un comisario presuponer cómo será toda una producción artística que está por hacer? ¿Cómo puede un director artístico dedicarse a programar contenidos si la mayoría del tiempo debe estar previendo y radiografiando documentalmente su labor y gestionando las mil y una tecno gestiones que se vislumbran?

Lo que debía haber sido una etapa fecunda y de plenitud en el recorrido profesional del Íngrid Guardiola se va convirtiendo, como reconoce, en una tortura personal a la hora de cumplir con la ley para contratar y remunerar profesionalmente a artistas, comisarias y agentes del sector. El resultado: una de las mejores direcciones que ha tenido el país en los últimos años no vuelve a presentarse a la nueva convocatoria que se ha hecho recientemente terminada su relación contractual.

Los profesionales autónomos de las artes exigimos a las administraciones medidas sensatas y urgentes para trabajar activamente para la resolución de las normativas burocráticas que ya están frenando la articulación de la creación artística en nuestro país. La clase política debe sensibilizar e influir en las intervenciones para adaptar la ley de contratos a los trabajadores de la cultura, que parten de una realidad económica de base deplorable. Porque la cultura y las artes son un derecho de la ciudadanía, y las administraciones tienen el deber de hacerlo cumplir.