El Consejo de Ministros ha aprobado el 19 de diciembre, un Real Decreto-ley mediante el cual modifica la vigente Ley de Mecenazgo desde hace 21 años.
La aprobación de la reforma de esta ley se frustró en la pasada legislatura dos días antes de recibir la conformidad del Senado. Tras ser confirmada en el Congreso con los votos favorables de todos los partidos políticos (31 votos) y la abstención de Vox (5 abstenciones), la reforma se encontraba en trámite en la Cámara Alta cuando ambas Cámaras se disolvieron por el anticipo electoral del 23J. Ahora, el Gobierno lo ha aprobado este martes como Real Decreto-ley y entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Posteriormente, el Parlamento deberá validarla.
El marco jurídico vigente en España para el mecenazgo es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que, a su vez, actualizaba la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General , la primera que incorporó el término “mecenazgo”.
La directora de la Fundación Cataluña Cultura, Maite Esteve, ha destacado: “Feliz por la respuesta a una reivindicación histórica a una legislación en materia de mecenazgo que se adapte al s. XXI, más europea y justa que pone en valor la solidaridad y participación privada en el interés público. Queda camino por recorrer pero celebramos el avance y agradecemos a tantas personas que desde múltiples plataformas lo han hecho posible”.
Cabe destacar que conseguir un nuevo marco legal y fiscal de mecenazgo en el Estado que favorezca el compromiso ciudadano y empresarial con la cultura a través de la filantropía y el mecenazgo, ha sido uno de los objetivos principales de la Fundación desde su creación. La Fundación lidera la Plataforma por el Mecenazgo que engloba a más de 180 entidades de los ámbitos cultural, social y de investigación e investigación, que se han sumado a la reivindicación de la reforma de la Ley, y que tienen en común una misma visión por lo que se refiere a la promoción del mecenazgo.
La aprobación de esta reforma de la ley es el resultado del trabajo colectivo del Tercer Sector, que lleva años reclamándola, y su interlocución con el Congreso y con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Los cuatro cambios principales en la ley son: