Ley de Memoria Democrática y restitución de obras de Arte

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática busca recuperar obras de arte expoliadas durante la guerra y la dictadura franquista con una auditoría.

El pasado 20 de octubre se publicó la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que entró en vigor al día siguiente. H2: ¿Principios de la Ley de Memoria Democrática? La ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y ante todo reivindica la Transición y la defensa de los valores democráticos, así como condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Se trata de saldar una deuda que el Estado tiene con todas aquellas personas que, como consecuencia del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, sufrieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual.

Condena histórica del golpe militar de 1936 y la Dictadura Franquista con la Ley de Memoria Democrática

El artículo 31 de la ley, relativo a “incautaciones de bienes y sanciones económicas”, regula un derecho de “resarcimiento de los bienes incautados”. Dentro de estos bienes incautados se encuentran las obras de arte. Debemos tener presente que durante la Guerra Civil y la posguerra se produjo el mayor movimiento de obras de arte en España. El gobierno de la República puso en marcha una política de incautación, depósito y evacuación de las obras más importantes (por ejemplo, unas 500 piezas del Museo del Prado) y, posteriormente, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional fue el responsable de las devoluciones. Pero con el régimen franquista estas devoluciones quedaron paralizadas y alteradas. El catedrático Arturo Colorado Castellary ha investigado exhaustivamente el asunto y ha descubierto que en la devolución del patrimonio artístico nacional hubo numerosos desvíos en las devoluciones de obras de arte a sus legítimos propietarios. Prácticamente el 40% del tesoro artístico nacional protegido no fue devuelto a sus dueños por el franquismo, y por tanto numerosos museos nacionales españoles exponen obra robada por el franquismo.

La implicación del Estado en el proceso de auditoría según la Ley de Memoria Democrática

El artículo 31 de la ley de Memoria Democrática establece que “el Estado debe promover las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura y, en particular, debe realizar una auditoría de los bienes expoliados en este período, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas”. Esta auditoría debe llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. Una vez finalizada la auditoría, se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados. Aunque el avance que supone esta ley es evidente, será fundamental valorar la real implicación del Estado en el proceso de auditoría y, por encima de todo, las vías que llegan a implementarse para devolver obras de arte a sus legítimos propietarios.